Es la rama del derecho público que se refiere al estudio de la organización, conformación y financiamiento de las autoridades administrativas, así como en relación con los particulares, de conformidad con las leyes y reglamentos que las regulan.
La práctica de derecho administrativo abarca variados aspectos, como son;
la asesoría, consulta y la tramitación procedimental ante este tipo de autoridades, y en su caso, litigio contencioso administrativo y litigio constitucional.
Procedimientos de contratación gubernamental (licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa).
Procedimientos de conciliación y mediación ante dependencias públicas.
Responsabilidad administrativa de particulares, funcionarios públicos e inhabilitaciones para contratar con el gobierno.
Asesoría y gestión de autorizaciones, licencias y/o permisos ante autoridades federales, estatales y municipales.
Atención a visitas de verificación de autoridades, federales, estatales y/o municipales, así como atención y seguimiento a los procedimientos de sanción derivados de estas.
Responsabilidad patrimonial del Estado frente a particulares.
Asesoría y gestión de procedimientos administrativos y judiciales por acusaciones por presuntos actos de corrupción.
Asesoría preventiva y correctiva, así como procedimientos en sede administrativa y judicial con respecto a la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades municipales, estatales y federales.
Juicios contenciosos administrativos en contra de autoridades municipales, estatales y federales.
Procesos constitucionales en defensa de actos de autoridad, contra leyes y normas de aplicación general.
Quejas y procedimientos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra de vulneración de los derechos humanos cometidos por autoridades administrativas.
Operaciones relevantes
